Bordeaba mi pubertad cuando el País entero se emocionó y conmocionó con la propuesta de la séptima papeleta. Aquella osada iniciativa estudiantil que se encaminaba a introducir un voto adicional en las elecciones del 11 de mayo de 1990, destinada exclusivamente a elegir Congresistas y Alcaldes, con miras a solicitar una reforma a la Constitución.
Pese a que la papeleta no fue considerada legal y no obstante los varios intentos de reforma frustrados por la Corte Suprema de Justicia, a través de lo que el Profesor Carlos Restrepo Piedrahita ha denominado sus “golpes de Estado[1]”, este máximo Tribunal de Justicia reconoció la voluntad popular manifestada por las mayorías en su voto y dio vía libre a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
Nació la Constitución de 1991 y todos recobramos las esperanzas en la paz, la reconciliación y la vida social próspera, segura y equitativa. El anhelo se desvanecería a los pocos años, pero permanecería el legado y robustez de las instituciones introducidas por la nueva Carta Magna.
No pretendo hacer un recuento exhaustivo de las creaciones e introducciones constitucionales de la Ley Fundamental de 1991, pero no puedo pasar por alto el gigantesco catálogo de Derechos Fundamentales, la Acción de Tutela, el fin del estado de sitio y el fortalecimiento del principio de separación de poderes, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional.
Por espacio de más de 20 años la Corte Constitucional se convirtió en la garante de los Derechos de las minorías, precursora de los cambios sociales, y ante la debilidad del Estado, en la impulsora de las más grandes reformas al sistema jurídico y político colombiano.
Los demócratas hemos visto en la Corte la luz al final de túnel, cuando el panorama se ha tornado sombrío y cuando la esperanza en la buena gestión de los gobiernos ha llegado a ser lo último que se ha perdido.
Ahora que la Corte Constitucional se ha mostrado regresiva, algunos dicen “con tendencia a la Derecha”[2], cuando sus magistrados ocupan las primeras páginas de los noticieros, no propiamente por sus decisiones jurisprudenciales, y la opinión pública augura el naufragio de la Corte[3]; alzan vuelo, una vez más, las voces reformistas de la Constitución y salvadoras de la institucionalidad.
Por fortuna, nuestro país tiene la capacidad de reinventarse y las instituciones son propensas a la resiliencia; sin embargo, una reforma a la escogencia de magistrados de altas cortes, su estructura funcional y sus procedimientos de operación, no puede ser entendida si no es liderada desde el seno de las mismas cortes, amparada y discutida por el Congreso, sin la injerencia del ejecutivo.
Ha sido la Corte Constitucional la que ha orientado a la Nación en momentos de oscuridad, y será la propia Corte la que como el Fénix renazca de sus cenizas. Confío en que pronto llegará a buen puerto, el llamado es a permitir que eso ocurra.
[1] C. Restrepo Piedrahita. Tres Rutas Históricas Hacia la Constitución Colombiana de 1991. En: “Problemas actuales del Derecho Constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo”. Pág. 312-313. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie G. Estudios doctrinales, Num.161. Primera Edición. Universidad Nacional Autónoma de México. 1994.
[2] ¿Se volverá conservadora la Corte Constitucional? En: lasillavacia.com
[3] Piden revocar actual Corte Constitucional y crear un tribunal de excepción. En: “El Espectador”. Edición del 24 de marzo de 2015.
